Piden a Peña reponer a campesinos pérdida de tierra afectada por hierro
05 - Marzo - 2014

El líder del Congreso Agrario Permanente pidió al Estado que se reponga a los dueños de la tierra la pérdida de miles de hectáreas que fueron destruidas en el proceso de extracción del hierro incautado en Michoacán hace unos días.

Presidencia
En México la propiedad social del Ejido y la comunidad generaron un importante desarrollo en la primera mitad del siglo XX con crecimientos anuales de la economía nacional por arriba del cinco por ciento durante varios sexenios. No es, por tanto, atribuible al sistema de propiedad social de la tierra, la falta de desarrollo de la agricultura, la ganadería y el aprovechamiento forestal.

Para José Durán Vera, titular en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP) la reforma al artículo 27 constitucional de 1992, estableció las condiciones jurídicas para que con apego a la voluntad campesina, cualquier ejidatario pueda optar por el dominio pleno, es decir por el régimen de cambio de la propiedad.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, el líder campesino recordó que desde entonces hay un intenso movimiento de la propiedad agraria; sin embargo, –aseguró- quien han ganado con esta creciente movilidad ha sido el comerciante usurero de la tierra, aquel que solo la ve como un objeto de compra-venta y especulación.

Es por ello –dijo- que se oponen categóricamente a la modificación constitucional o del marco jurídico secundario agrario para agilizar el proceso de privatización del ejido y la comunidad.

Sobre la propiedad social también pesa el lacerante riesgo de las concesiones mineras que para su explotación arrasan con la acaparable y disminuyen la superficie cultivable. "Aplaudimos por ello, la incautación de miles de toneladas de hierro extraídas de la costa michoacana".

Ahora, dijo, le toca al Estado reponer a los dueños de la tierra la pérdida de miles de hectáreas que fueron destruidas en el proceso de extracción del mineral.

Aseguró que comparten la necesidad de una reforma profunda para el campo para construir una verdadera política del Estado mexicano hacia sus campesinos y productores. "A nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando al campo".

Consideró que la reforma al campo debe considerar el derecho a una alimentación adecuada, con productos de calidad nutricional, disponibles y de acceso permanente y duradero para todos los mexicanos. La globalización trajo consigo el surgimiento de una nueva división del mercado tradicional agrícola del trabajo cuyo aspecto central es el dominio de todos los productos por las agroindustrias trasnacionales de los países desarrollados, mediante el establecimiento de los precios internacionales y del control de la comercialización y distribución. Es decir, el dominio de esas empresas trasnacionales controlando la producción y el mercado agroalimentario mundial.

Sin embargo, los precios que las trasnacionales imponen en el mercado mundial, son precios ficticios y no provienen de un proceso de libre competencia basado en ventajas comparativas o tecnología avanzada.

La decadencia productiva por la que hoy atraviesa el sector es producto de esta realidad internacional teniendo como consecuencia la subordinación de México en el diseño y la aplicación de políticas públicas agropecuarias que no permiten la reproducción de las unidades económicas campesinas.

Es decir, agregó, la política del campo en los últimos sexenios impide la cabal reproducción de la economía campesina. "Nuestra realidad presenta un enorme déficit de alimentos provocado por la presión demográfica, por políticas agropecuarias equivocadas que han traído disminución de apoyos de manera progresiva y por un alto grado de corrupciones en varios niveles del ejercicio gubernamental".

Asimimo, pidió un lugar en la participación de las mesas de negociación del Acuerdo de Libre Comercio del Pacífico.

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